Ramón Key participó en el foro sobre institucionalidad ambiental

Ramón Key, coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, partió desde el análisis con la importancia actual y el auge que tiene la institucionalidad ambiental en la agenda internacional. Dijo que los retos que se plantean los países para lidiar con problemas ambientales globales, como el cambio climático, implica desafíos de institucionalidad que requieren de la acción de gobiernos nacionales y regionales”.

Explicó que el “nuevo institucionalismo” combina múltiples disciplinas para hacer frente a los problemas globales en materia ambiental. Un aspecto compartido es “reconocer la diferencia entre instituciones y organizaciones”. 

En Venezuela, “cuando sacamos el promedio de crecimiento entre 1979 y 2017, como sociedad -en promedio- apenas estamos creciendo 0.6% interanual”. Esto nos dice que si nos comparamos con los países petroleros, estamos peor que éstos”. Revela que el tema institucional para el país es un asunto que demanda importancia “porque tiene que ver con nuestro desempeño actual”. 

En el más reciente boom petrolero 2000-2008 el estado venezolano repitió el comportamiento de años pasados, “y lo exacerbó, re estatizó empresas y centralizó la gestión local”. 

Para la gestión ambiental este modelo es insostenible porque genera fuertes incentivos “por desesperación” para explotar recursos naturales disponibles. Socialmente, aumenta la dependencia del ingreso petrolero. 

Key subrayó: “a menos que cambie el modelo económico-social, será imposible revertir el deterioro institucional del ambiente”. 

Sobre los subsidios del sector energético y cómo éstos condicionan problemáticas ambientales, con impacto negativo en los servicios y las ciudades, dijo: “están aportando poco estímulo para que la gente asuma lo ambiental; por otra parte, afectan las finanzas públicas”.

Revelaciones en números. En 2010, Venezuela era el quinto país con la tasa de subsidios más elevada para sus energéticos (75%). Cuatro años después se ubicó en el primer lugar con una tasa de 93.1%; representaba 15.2% del PIB. “Del total de éstos, los relacionados con petróleo representaron 67.2%; con gas 10.5% y con electricidad 22.3%. 

Key, sentencia: “los subsidios energéticos son la fuente de distorsión más importante que afecta la economía ambiental”. Otras distorsiones: subsidios al consumo de electricidad; populismo en el manejo de las tarifas de servicios, falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

Por su parte, 3 ponentes del Grupo Orinoco analizaron y debatieron sobre políticas y reglamentación en el foro “Hacia una nueva institucionalidad ambiental” en Venezuela. 

Las ponencias refirieron historia y análisis; destacaron cifras y trasfondos de casi 200 años de institucionalidad ambiental venezolana. Presentaron una propuesta para transitar hacia la nueva institucionalidad ambiental; y se preguntaron sobre la pertinencia del tema en la actual situación del país. 

Julio González, agrónomo, con estudios de postgrado en gestión pública, moderó el foro y puso otra interrogante sobre el auditorio ¿lo ambiental –realmente- responde a una prioridad común para los venezolanos? 

“Para el Grupo Orinoco, sí. Porque la cuestión ambiental y la correspondiente política ambiental, están íntimamente vinculadas con la producción de alimentos, salud, agua, energía, aprovechamiento y protección de la vegetación y de la fauna, minería, cambio climático, educación, sociedad y cultura”. 

Aníbal Rosales, agrónomo (UCV), Phd en filosofía (Cornell University, USA), disertó metódicamente sobre antecedentes históricos y la problemática institucional. 

Entre muchos datos; destacó del Libertador su etapa de estadista. “Estuvo muy interesado y tomó acciones, que hoy están enmarcadas en el campo ambiental”. Por ejemplo, los decretos de Chuquisaca (Bolivia, 1825) y Guayaquil (Ecuador, 1829). Ambos en materia forestal, “para la conservación de suelos y agua. Incluso, ordena que se planten un millón de árboles en cuencas hidrográficas”. 

Rosales demostró que “la institucionalidad es mucho más que la organización ministerial”. Evidenció cómo los problemas predominan en la gestión centralizada. “Los municipios están sin capacidad de hacer gestión ambiental respetable”; funcionarios sin capacitación, financiamiento deficiente, incumplimiento de normas y marco legal, sin rendición de cuentas, sin boletines ni informes, sin interés en innovación, sin atención al cambio climático, entre otros. 

Eduardo Buroz, agrónomo (UCV), Individuo de Número de la Academia explicó los problemas ambientales y su relación con la institucionalidad. 

Definió qué es institucionalidad citando al Nobel, Douglas North: “las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. (…) para crear orden y reducir la incertidumbre…”. 

Se comprende entonces que “toda la gama de instituciones de carácter público, privada, ciudadana, educativa, doctrinaria forman parte de la institucionalidad ambiental: conjunto de organizaciones, normativas, procedimientos legales, principios, valores éticos que condicionan la conducta de la sociedad ante la temática ambiental y le sirven para estructurar relaciones humanas, políticas, sociales y económicas en relación al ambiente”. 

Con esta base, Buroz propuso comparar el ambiente deseado, sano, seguro y ecológicamente equilibrado con la situación actual. Hacerlo a través de registros, indicadores, balances de ambiente. Sin embargo, “esto no se está realizando. Se requiere gestión ambiental, cuyo objeto es restituir lo que está mal a lo que debe ser”, a través de políticas y programas; instrumentación de proyectos, programas y acciones, cambio de comportamiento de la sociedad. 

La nueva institucionalidad “nos plantea planes, instituciones y compromiso. Da carácter importante a la ética y a las instituciones de carácter doctrinario” para modelar la nueva ciudadanía. 

La propuesta 

El coordinador del Grupo Orinoco, Individuo de Número de la Academia, Arnoldo Gabaldón presentó la nueva institucionalidad ambiental. 

Antes, sentenció: “la institucionalidad ambiental en el país está destruida. No está cumpliendo con los objetivos -que en cualquier país, los organismos de gestión ambiental deben poder alcanzar. Las presentaciones que vimos dejan ampliamente justificada esta propuesta de nuevo institucionalismo”. 

Tenemos que “pensar en el futuro, en lo que deben ser las cosas y tomar en consideración los factores que en la realidad actual de Venezuela, se requieren tomar en cuenta, para que tengamos una institucionalidad, que obedezca a nuestras necesidades y que esté acorde con las disponibilidades que tiene el país, desde el punto de vista humano, legal y económico”. 

Gabaldón, mostró las rutas. “Para que esa institucionalidad sea exitosa debe considerar: el nivel de desarrollo del país, los problemas institucionales generales, las limitaciones legales, financieras y humanas, el modelo socioeconómico deseable. Prioritariamente debe mitigar o controlar los problemas ambientales y dar atención especial a las tendencias mundiales respecto al ordenamiento de la gestión ambiental”. 

En su arenga, exhortó. “Desde el día de hoy, tomar conciencia y actuar. ¡Hay que establecer esa nueva institucionalidad! ¡La vemos factible en la medida en que superemos la situación nacional presente!”. 

Al foro acudieron casi 100 personas que ocuparon el auditorio del ITER en Altamira. El ciclo de preguntas destacó el interés del público por conocer si los políticos y sus partidos se informan sobre esta materia o muestran interés de hacerlo.